lunes, 13 de marzo de 2017

LA INMENSA DEUDA MORAL, CIVIL Y POLITICA FRENTE A LAS FUERZAS ARMADAS


Dedico el presente artículo al Dr. James Smart,​  injustamente condenado por delitos de lesa humanidad.

Por Mario Cadenas Madariaga
 

Introducción

En el presente artículo, nos referiremos a una cuestión de gran trascendencia, que es la situación de los miembros de las FFAA y de​ Seguridad, y de algunos magistrados, profesionales y clérigos, que sufren​  detenciones injustas, con procesos ​i​rregulares, bajo la acusación de haber​  cometido delitos de lesa humanidad, que no existieron, conforme al Estatuto​  de Roma, sin perjuicio de que pueden haber cometido otros, como el de​crímenes de guerra, por los que no son procesados, porque ello llevaría​  también a la sanción de los terroristas subversivos que originaron la  guerra​  interna de las décadas de 1960 y 1970 en la Argentina.

La verdad es que sufren castigos por haber luchado contra la subversión​  marxista, de aquellos años, cumpliendo órdenes recibidas del Estado  Nacional​ argentino.

Esta situación que afecta a casi 2.000 personas -entre las cuales se​  encuentran dos ex Presidentes de la Nación, uno de ellos fallecido-, y a  los​ más altos jefes de las FFAA como a los más humildes, habiendo muerto en​  prisión más de 320, se cumplen en peores situaciones de detención, que los​ delincuentes comunes, rehusándoseles derechos vigentes, como la prisión domiciliaria. Al mismo tiempo que los autores de la guerra terrorista​  iniciada en esos años, no existe ninguno que haya sido sometido a proceso, ​- por el contrario han recibido compensaciones económicas de cuantiosos​  montos.

Fuera de la situación personal violatoria de las garantías constituciones,  y​ ​ de convenciones internacionales, plantea un caso excepcional de deslealtad​  del Estado para sus FFAA porque luego de ordenarles la represión las juzga​  por la función cumplida, que fue exitosa, en un caso evidente de deslealtad del Estado con sus servidores.

Esta situación real es la más grave violación de los derechos humanos en​  todo el ámbito de la América Latina y uno de los más graves en el mundo, pues si hay casos en que las FFAA de los países occidentales, por orden de​  sus Estados, han cometido violaciones a los derechos humanos, en  protección​  de su seguridad, no hay casos en que, una vez realizadas esas tareas, las​  FFAA hayan sido sancionadas por los mismos Estados que las ordenaron.

La última guerra mundial en la que perdieron la vida, alrededor de 50​  millones de personas, sin perjuicio de la devastación de las economías de​  los principales contendientes, en el Tribunal Principal de Núremberg, fueron​ acusadas 24 personas, y sancionadas 18, y en el conjunto de los Tribunales​  de este enjuiciamiento fueron acusados 611 personas.

En el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de Tokio, se juzgó a 25​  altos jerarcas, y en los tribunales locales, a muchos más, sin alcanzar al​  número de los miembros de las FFAA de Seguridad de la Argentina.

En nuestro país, por una guerra interna no declarada, en la que perdieron  la​  vida no más de 7 mil personas, iniciada por el terrorismo marxista, se han​  encarcelado a 2.000 personas todas pertenecientes a las FFAA y de ​ Seguridad​  y algunas civiles, ex magistrados y profesionales representantes del Estado,​  y a ningún terrorista miembro de las fuerzas subversivas. Estas cifras de​  por sí revelan la absoluta nulidad de los procesamientos por  discriminación​ de toda evidencia.

Esta circunstancia confirma que en la Argentina subsiste una situación de​  violación de los derechos humanos, de los más graves del mundo y que  carece​  de todo reconocimiento, con la excepción de sectores minoritarios, que​  mantienen un activo reclamo de justicia en la que sobresale la ONG de​ abogados, Justicia y Concordia.

Esta situación ha sido obra de los tres mandatos presidenciales del​  matrimonio Kirchner -2003/2015- pues en los dos mandatos presidenciales de​  los Dres. Raúl Alfonsín y Saúl Menem 1983​ ​/​ ​1998-, habían quedado debidamente​ resueltos.

Qué sucedió en las décadas de los 60 y 70, en que se quebrantó la paz en​  íbero-América

Fomentadas desde Cuba, comprometida con el comunismo soviético, se inició  en​  varios países de la región, una guerra interna dirigida a deponer sus​  respectivos gobiernos, en la misma forma que se había hecho en la isla​  caribeña, mediante la acción militar de grupos subversivos. Fueron​particularmente eficaces en Nicaragua, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay,​  Chile y Brasil, porque si bien sólo lograron dominar la situación interna  en el primer país, alteraron profundamente la paz interna de los demás.

Debemos diferenciar las luchas partidarias que por diferentes motivos​  alteraron la paz interna de los países de la región desatando guerras​  internas, de esta acción deliberada de una nación americana que, instigada​  por la Unión Soviética, para debilitar la influencia de los EEUU con quien​  sostenía una guerra mundial que se llamó Fría, pero tuvo muchos escenarios​  de gran violencia, fomentaba, instruía, armaba y dirigía la acción​ subversiva en toda la región. 
Se diferenciaba de las luchas partidarias,​ porque además de formar parte de una acción bélica internacional, llevaba el propósito de alterar el sistema de repúblicas democráticas, plena de​  deficiencias, que las caracterizaban, para sustituirlas por una democracia​  popular marxista y de partido único.

La acción de estos grupos subversivos, consistía en cometer actos de​  violencia -asesinatos, secuestros, colocación de explosivos, asalto de​  comisarías y unidades militares, etc.- para imponerse por el terror, a las​  sociedades y a las fuerzas armadas y de seguridad, valiéndose de la​  clandestinidad, la falta de identificación y la sorpresa. Actuaban tanto en​  el orden rural como en el urbano, según las circunstancias y los países.

Tenían campos de instrucción, estaban organizados en forma de células​  autónomas, pero contaban con una organización militar que unificaba la conducción y mantenían una relación permanente con Cuba, de donde recibían asistencia de toda naturaleza (instrucción militar, armas, asesores, y dinero).

Los países de Latinoamérica y su vulnerabilidad

Esta región -con diferencias por países-, responde en general a economías  en​ ​desarrollo, de bajos y muy desiguales ingresos, con profundas diferencias  de nivel cultural, entre sus grupos descendientes de nativos, negros y europeos, y una inmensa población mestiza.

Es una realidad social muy proclive a la protesta pacífica o violenta, por​  las situaciones de injusticia que presenta. Y en las décadas del 60 y 70  del​  siglo pasado esta era la situación, con el déficit de una falta total de​  experiencia, sobre la forma de atacar la situación, por lo que adhirieron  al​  método de la subversión armada, con la idea equivocada de que podían dominar​  la situación como había sucedido en Cuba. 
Sin embargo, no pueden ser​ considerados como simples idealistas equivocados, sino como responsables  de asesinatos de niños, y ciudadanos inocentes, de toda clase, o de titulares​  de las fuerzas armadas y de seguridad que cumplían con sus funciones de​  custodios del orden en nombre del Estado. Y por lo tanto fueron  responsables​  de crímenes que debieron ser castigados.

Sin embargo, en la Argentina ninguno de ellos ha sido castigado, ni  siquiera​  procesado, o simplemente acusado, después de 1983. Y se estima que han​  cometidos alrededor de 800 asesinatos. 

Por una acción similar en España,​  fueron perseguidos y encarcelados, y sufren prisión hasta la fecha, con aprobación de toda la comunidad mundial. ¿Por qué no en la Argentina?

Ésta es una deuda moral, civil y política, de todos los gobiernos a partir​  del 10 de diciembre de 1983, incluido el poder judicial. No existe ni se  ha​  expuesto ninguna razón válida para justificar este incumplimiento de las​  responsabilidades constitucionales y legales.


Otra deuda que se niega -moral, civil y política- a partir de 1983, pero en​ particular a partir del 2003

En agosto de 1975 el gobierno constitucional que gobernaba el país, ordenó  a​  las Fuerzas Armadas el aniquilamiento de las fuerzas de la subversión en​  todo el territorio nacional, y el 10 de diciembre de 1983 aquellas FFAA,​  entregaron el poder al gobierno que había resultado elegido en octubre de​  ese año, después de haber cumplido con la obligación asignada.

Después de la Organización Nacional si se exceptúa la invasión del  ejército​  paraguayo en 1865, nunca en ninguna otra oportunidad las autoridades​  constitucionales de la Nación habían sido amenazadas a ser desplazadas del​  poder, esta vez por un enemigo interno, con apoyo extranjero, como en  1975.

La Argentina volvía en 1983 al régimen constitucional de una democracia​  republicana, con pluralidad de partidos, habiéndose librado de ser  gobernada​  por una dictadura del proletariado similar a la de Cuba.

La Presidencia de la República fue ejercida por el representante de la  Unión​  Cívica Radical Dr. Raúl Alfonsín, cuyo jefe político en 1975, el Dr.  Ricardo​  Balbín, felicitó de la asunción plena de las FFAA para reprimir la​  subversión.

En una democracia consciente de los valores de su sistema constitucional,​  viendo el escenario en Colombia, de la guerra civil interna, no declarada,​  que hacía más de 20 años había sido iniciada por la subversión del mismo​  origen que la argentina,, con la mitad del territorio ocupado, más de 100.000 muertos y varios millones de personas desarraigadas de sus campos,​  debió celebrarse como la liberación de París, en 1945, o la caída del Muro​  de Berlín en 1989,o la liberación de los pueblos de la Europa Oriental.

Se subordinó el restablecimiento de la Constitución a la conquista de la​  izquierda popular

Hace tiempo que a la política argentina le falta la percepción de las​  grandes ideas que la deben movilizar hacia el progreso. Hace setenta años​ que, impulsados por rencores sectarios y mezquinos, hemos perdido el rumbo​  de los grandes objetivos nacionales.

De ahí que no sea de extrañar que el rechazo armado de la subversión, sea​  visto como un exceso de las FFAA, una vez que se olvidaron los asesinatos​  diarios de inocentes de todo origen provocados por la subversión, para dominar por el terror e imponer un régimen sangriento, que, según propia​  confesión de subversivos caracterizados, podían haber llegado a 500.000 fusilamientos.

Una vez fracasada la vía de la violencia, la subversión​  resolvió cambiar de estrategia, y dirigirla al desprestigio de las FFAA​  poniendo el centro de su atención, en la defensa de los derechos humanos,​  multiplicando el número de víctimas -de donde de una cifra aproximada a  6100​  víctimas- se imputaron 30.000, que nunca se preocuparon de probar, pero al​ repetirla hasta el cansancio, la impusieron como cierta en muchos sectores.

Pero el predominio de la estrategia de la izquierda, fue el fruto de circunstancias casuales. Por una parte, la crisis del 2002, la Presidencia​  de Duhalde, y una vieja rencilla con Carlos Menem, por lo que haría​  cualquier cosa para cerrarle la vuelta a la Presidencia. Así que, por las​  dificultades del momento, Duhalde encontró solamente la candidatura de Néstor Kirchner, para enfrentar a Menem, quien se desanimó, aunque ganó la primera vuelta.
 
Kirchner fue el Presidente menos votado de la historia argentina, pero ya en el gobierno, supo construir poder, para lo que usaba todos los​  medios, legítimos e ilegítimos. Tenía una experiencia acumulada en veinte​ años en funciones de gobierno en Santa Cruz. Y poseía antecedentes de ​  haber​  estado comprometido en su vida estudiantil con la subversión, aunque no en​  funciones importantes, rigurosamente ocultadas en Santa Cruz donde comenzó​  el ejercicio de su profesión de abogado, representando a entidades ​b​ancarias​  en juicios ejecutivos contra sus clientes.

Hasta la Presidencia de Kirchner la izquierda sólo había obtenido la​  amnistía para sus crímenes, y los militares fueron exentos por leyes del​  Congreso (de punto final y de obediencia debida). Era una situación que​  satisfacía a todos.

Pero después de la crisis del 2002 hubo una evolución hacia la izquierda,  la​  cual fue aprovechada por Kirchner con un proyecto de anulación de las dos​  leyes de Alfonsín a favor de los militares, manteniendo la amnistía para  los​  ex subversivos, que en gran número formaban parte de la administración. 

Así​  por sucesivas aproximaciones se creó la doctrina de violación de los​  derechos humanos, por "delitos de lesa humanidad", imprescriptibles, como​  política de Estado, que fue impuesta a los nuevos jueces de la Corte​  Suprema. Además, se creó una indemnización a cargo del Estado a favor de  las víctimas de la represión de las fuerzas del orden.

La política de persecución de los militares, fue oficialmente impulsada,​  presionando sobre el poder judicial y la participación de múltiples​  organizaciones privadas, cuyos honorarios en muchos casos corrían a cargo​ del Estado.


La violación al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional

En la situación actual de la justicia no es posible pensar en una modificación de la jurisprudencia de la CSJ, en materia de derechos  humanos,​  pues los tres miembros actuales de ese Tribunal, se han comprometido a​  sostener aquella jurisprudencia como política de Estado compartida por el​ Poder Judicial.

La vía legal tampoco parece la indicada dada la composición de la Cámara de​  Diputados y de Senadores de la Nación.

La única vía abierta es la iniciación de una denuncia ante la Corte Penal​  Internacional, porque este Tribunal puede aplicar sanciones a los jueces y​  fiscales argentinos que se hayan comprometidos en las sentencias​  condenatorias. Existe ya una denuncia y se estudian otras.

La violación al Estatuto de Roma está muy clara, porque en la Argentina​  hubo​  una guerra interna no declarada, de donde pueden surgir crímenes de  guerra,​ pero nuestra justicia la enfocó como delitos de lesa humanidad, categoría​ que no corresponde a la realidad, pero lo hizo porque en la forma de​ crímenes de guerra, implicaba admitir que se juzgaría asimismo la conducta​  de los subversivos, que era lo que se quería evitar.

La vía elegida por la justicia argentina revela el propósito de evitar la​  sanción del grupo subversivo, que llevará por​ discriminación a la nulidad  de​  los procesos y a la sanción de los jueces y fiscales intervinientes.

Hasta que no se restablezca la lealtad del Estado para con sus FFAA no  habrá​  garantías para una defensa nacional

Enmendar la enorme injusticia cometida es indispensable para restablecer  una​  relación lógica ente las FFAA y de Seguridad con el Estado, ya que no  puede​  ser que se pretendan contar con FFAA leales a su función y al mismo tiempo​  traicionarlas, castigándolas por cumplir con las órdenes recibidas, máxime​  cuando implicaban aniquilar al enemigo, y posteriormente se lo exime de  toda​  sanción.

La política de discriminación con relación a las FFAA por el gobierno​  kirchnerista se ha extendido a la política de defensa nacional, y a la​ carrera profesional de muchos de sus miembros.

Mario Cadenas Madariaga
25/12/2015